El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet está invocando una severa ley antiterrorista, heredada de la misma dictadura que encarceló y torturó a su padre y la mandó a ella al exilio, para lidiar con los brotes de violencia derivados de los reclamos de tierras ancestrales de los mapuches.
La ley permite extensos períodos de incomunicación, testigos secretos y aumentar entre uno y tres grados las condenas. La defensa no tiene acceso al sumario antes de 70 días y la fiscalía tiene seis meses o más para investigar.
“Estamos frente a una desventaja objetiva y se viola el justo proceso”, afirmó el abogado Manuel Adolfo Montiel, defensor de mapuches.
Las autoridades recurren a esa ley porque las comunidades indígenas más combativas apelan a la fuerza, incluidos atentados y ocupación de tierras. Los indígenas, por su parte, se quejan de que la represión policial no respeta a ancianos ni niños.
Los conflictos mapuches son un dolor de cabeza para Bachelet, que deja el gobierno en marzo y ostenta una popularidad del 78%, porque recibe quejas de organismos internacionales, como Unicef y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el uso de la ley y las denuncias de malos tratos a niños.Un recorrido por corresponsales de agencias noticiosas por La Araucanía, 650 kilómetros al sur de Santiago, incluida Associated Press, permitió observar huellas de la represión, conversar con dirigentes encarcelados y visitar comunidades indígenas.
Consultado telefónicamente por la AP, el ministro de Asuntos Indígenas, José Viera Gallo, dijo que se invoca la ley únicamente “cuando hay actos terroristas como disparar a personas, quemar autobuses, maquinarias”.
El poder judicial emplea esa ley sólo a pedido del gobierno.
Bachelet, quien se fue al exilio durante el gobierno de Pinochet, dijo que comprende los reclamos indígenas, pero que “nada, absolutamente nada justifica la violencia en la zona de La Araucanía (en el sur). El único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo”.
Varios presos de Temuco, 670 kilómetros al sur, denunciaron largas incomunicaciones, malos tratos, afirmaron que duermen en el suelo y hasta mostraron picaduras de “chinches”.
En la cárcel de Angol, 600 kilómetros al sur, los corresponsales pudieron conversar, grabar y filmar a nueve mapuches de Temucuicui, la más combativa de las comunidades, que se quejaron de torturas y montaje de pruebas. Cinco están querellados por la ley antiterrorista.
“Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia”, aseguró Felipe Huenchullán, 23 años, que se quebró y luego, con lágrimas en los ojos, añadió: “Me dijeron que no vería más a mi hija de un año y medio”. Esta acusado de un atentado incendiario contra un camion y un vehiculo, en octubre.
“Nos aplican la ley antiterrorista, pero igual vamos a seguir luchando”, aseguró el werkén (vocero) de la comunidad de Temucuicui Autónoma, Jorge Huenchullán, hermano de Felipe.
Existe otra Temucuicui tradicional, que negocia con el gobierno, aunque también ocupa terrenos.
La resistencia de más de un centenar de comunidades se incrementó desde el 2008, aunque otras 2.000 comunidades siguen negociando con el gobierno, que enfrenta el problema de que los precios por hectárea subieron 2,7 veces en un año. El gobierno planea comprar miles de hectáreas para entregarlas a los indígenas y cuando más caro el terreno, más difícil se hace la adquisición.
El gobierno afirma que ha entregado o regularizado 650.000 hectáreas de tierras a más de un centenar de comunidades.
En enero de 2008 la policía mató al comunero mapuche Matías Catrileo y en agosto murió baleado por la espalda Jaime Mendoza Collío.
La jefatura policial dijo que en el caso de Mendoza se trató de defensa propia propia porque uno de sus agentes recibió 80 perdigones. Pruebas posteriores no encontraron restos de pólvora en las manos de Mendoza, según un informe del laboratorio criminalístico de la policía de investigaciones, citado por el abogado de la familia de Mendoza, Jaime Madariaga.
Erica Catrilef, de la comunidad “Juan Catrilef II”, en Padre las Casas, contó a la AP que su casa fue allanada por la policía que buscaba a su hermano, y que cuando se retiraban le pegaron a su madre, y que ella recibió dos perdigones y su bebé de seis meses otro en un brazo. Hay 2.200 comunidades y cada una tiene su propio nombre, generalmente el apellido del lonco (jefe).
Según la organización humanista Liberar, actualmente hay unos 50 mapuches presos, incluido Héctor Llaitul, de 42 años, líder de la combativa Coordinadora Arauco Malleco, encarcelado en la prisión de El Manzano, en Concepción, 500 kilómetros al sur.
Llaintul, quien tiene cinco hijos, está acusado de homicidio frustrado, robo con intimidación, atentado contra la autoridad el fiscal Mario Elgueta– y asociación ilícita terrorista. Arriesga una condena de 40 años.
Se lo acusa también de recibir instrucciones de las FARC y de mantener contacto con el grupo vasco ETA, algo que el niega.
Llaitul, que estudió servicio social y se expresa como un cuadro político izquierdista, declaró que “hoy día no hay lugar para las armas”.
“Para recuperar tierras tienen que correr sudor y sangre”, señaló, aunque también agregó que “estamos dispuestos a sentarnos a dialogar por territorio y autonomía”.
Bachelet ha usado la ley antiterrorista más veces que su antecesor, el también socialista Ricardo Lagos, según los abogado de mapuches presos Manuel Adolfo Mafiel y Pablo Ortega, y una detallada ponencia del abogado Sergio Fuenzalida Bascuñan.
Los mapuches son el pueblo originario de Chile y resistieron por más de 300 años la dominación española primero y la del Estado chileno después, hasta que en 1881 fueron derrotados militarmente y arrinconados al sur.
No son más 700.000 de los 17 millones de chilenos. La pobreza los obligó a emigrar a las ciudades donde acceden a malos trabajos y salarios.
Temucuicui, dividida en la comunidad tradicional, integrada por unas 120 familias, y la Autónoma, con seis familias, se diferencian básicamente porque los primeros negocian la entrega de tierras con el gobierno y los segundos simplemente ocupan ilegalmente las tierras.
Gary Stahl, representante de la Unicef para Chile, expresó recientemente al gobierno “nuestra preocupación por los hechos de violencia que involucrarían a niños y niñas en la zona de La Araucanía”.
Los indígenes entregaron a la Unicef los nombres de 32 niños que habrían sido asfixiados por bombas lacrimógenas, según Daniel Queipul, de Temucuicui tradicional.
Luisa Marilef, de la comunidad “Juan Catrilaf”, a más de 750 kilómetros al sur de Santiago, contó que hace tres semanas la policía allanó la casa de su sobrina Erica Catrilef en busca de su hermano, al que sacaron esposado, y con un gorro tapándole la cara. “Cuando se iban me dieron un empujón, un codazo y a mi viejo (padre) le dispararon (perdigones)”.
La prensa observó mujeres, ancianos y hasta un bebé con huellas de perdigones. Juan Catrilef, de 22 años, está hospitalizado con tres disparos, presumiblemente de balas de gomas o balines.
El miedo de la gente se palpa en el ambiente, pero también la decisión de seguir luchando por las tierras ancestrales.
El miedo de la gente se palpa en el ambiente, pero también la decisión de seguir luchando por las tierras ancestrales.
Vía Copyright 2009 The Associated Press
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